Obligación en España de declarar saldos en criptomonedas por parte de empresas y usuarios en el extranjero

El gobierno español ha dado un paso más en la regulación de las criptomonedas al aprobar un modelo de declaración informativa obligatoria para empresas y usuarios en el extranjero que posean saldos en criptomonedas. Esta medida, establecida en la Orden HFP/886/2023, busca controlar el uso de estas monedas digitales y evitar posibles actividades ilícitas.

El modelo 721, que ha sido aprobado recientemente, establece la obligatoriedad de informar sobre la totalidad de las criptomonedas situadas en el extranjero a personas jurídicas y naturales, así como a empresas y entidades que ofrezcan servicios relacionados con activos digitales. Hasta ahora, estas entidades no estaban obligadas a presentar declaraciones informativas de los saldos de sus clientes en España si no eran residentes legales.

Esta nueva medida, que es similar al modelo 720 que fue anulado en 2022 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, busca establecer normas claras para las personas y entidades en el extranjero que manejen saldos en criptomonedas de residentes en España. El objetivo principal es combatir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas que suelen estar relacionadas con las criptomonedas.

La presentación de esta declaración debe realizarse ante la Agencia Tributaria, una oficina dependiente del Ministerio de Hacienda de España. El plazo para realizar esta declaración es desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de marzo del mismo año, y debe incluir la información referente a los saldos mantenidos hasta el 31 de diciembre de 2023.

Junto con la aprobación del modelo 721, el gobierno español también ha autorizado la aplicación de los modelos de declaración 172 y 173. El primero obliga a los residentes españoles a declarar los saldos en criptomonedas, mientras que el segundo se enfoca en informar sobre las operaciones realizadas con estos activos.

Es importante destacar que el gobierno español establece que los sujetos están obligados a presentar esta declaración siempre que los saldos en criptomonedas en el extranjero no superen los 50.000 euros en conjunto. En caso de superar este límite, se convierten en obligados a informar sobre los balances en monedas digitales de sus clientes, según lo establecido por el gobierno.

El incumplimiento de esta obligación puede llevar a multas por parte de la Agencia Tributaria. La multa por no presentar la declaración es de 200 euros, por entregar información inexacta o incompleta es de 150 euros, y por presentar la declaración fuera del plazo establecido es de 100 euros por cada mes de retraso, con un máximo de 1.500 euros. Además, si se descubre que se ha cometido un delito fiscal, la persona o empresa puede ser procesada penalmente.

¿Qué hay que declarar?

Según la firma legal FiscalCrypto, los sujetos obligados a presentar esta declaración son las personas físicas y naturales residentes en España, así como los establecimientos permanentes de personas y entidades no residentes en el país. También se incluyen las fundaciones y asociaciones, que son consideradas "instituciones carentes de personalidad jurídica". Estos sujetos deben proporcionar a la Agencia Tributaria los nombres, apellidos, razones sociales y números de identificación fiscal del país de residencia de las personas o entidades a las que proveen servicios de criptomonedas en España.

Además, deben entregar la identificación completa de cada moneda virtual reflejada en los balances de los clientes y empresas, así como los saldos completos de cada tipo de moneda digital en las plataformas en las que se encuentren. Estos balances deben expresarse también en euros.

En resumen, España está tomando medidas para regular el uso de las criptomonedas y evitar posibles actividades ilícitas. Con la aprobación del modelo 721, se obliga a empresas y usuarios en el extranjero a declarar los saldos en criptomonedas de residentes en España. Esta medida busca controlar el lavado de dinero y otras actividades ilegales que puedan estar relacionadas con las criptomonedas. El incumplimiento de esta obligación puede llevar a multas y, en casos de delito fiscal, a procesamientos penales.